Estados Unidos no cumple con leyes internacionales
de propiedad intelectual
La inseguridad
jurídica generada por leyes norteamericanas que afectan la propiedad
intelectual continúa perjudicando a las economías de los países en desarrollo,
especialmente desde el año 1995, con la adopción de los denominados acuerdos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC): Cuba continúa
reclamando sus derechos sobre la marca de ron “Havana Club” frente a la transnacional
Bacardí.
El ron con la
etiqueta Havana Club fabricado por esta empresa es una vulgar “falsificación” y
un “pirateo” de la marca perteneciente a la República de Cuba, de acuerdo a lo
expresado por bufetes de abogados y oficinas de propiedad industrial
latinoaméricas.
Estados Unidos
aplica la “Sección 211” que impide el registro de signos distintivos
pertenecientes al Estado Cubano en la oficina de marcas y patentes (USPTO) de
Estados Unidos; en consecuencia, la compañía Bacardí esta autorizada por el
gobierno yanqui poner a la venta un ron con la marca cubana HAVANA CLUB.
El representante
cubano en Ginebra expresó semanas atrás que “los Estados Unidos debe derogar de
forma inmediata la Sección 211” luego de haber pasado por un largo proceso en
el cual la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló a favor de los reclamos
de la isla caribeña.
En una
intervención ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, el
ministro consejero de Cuba en Ginebra, Jorge Ferrer, hizo un análisis técnico del
doble discurso de Washington en torno al tema.
El diplomático
cubano recordó que el Órgano de Apelación, instancia final de la etapa
jurisdiccional, constató en un informe de 2002 que la Sección 211 -que cumple
10 años de promulgada en octubre- es incompatible con los principios del
sistema mundial de comercio pregonado por los mismos Estados Unidos.
Así mismo, este
país impulsa actualmente un acuerdo internacional contra la falsificación de
productos (ACTA) con el que intenta aumentar penas y multas para quienes se
apropien de marcas de terceros sin la autorización de su titular,
criminalizando o tomando represalias contra gobiernos de países en desarrollo.
La actitud del
gobierno de los Estados Unidos y los bufetes de abogados representantes de empresas
transnacionales (quienes no parecen considerar la confiscación de la marca
cubana como un acto de falsificación) promueven la inestabilidad del sistema
marcario internacional y ponen en cuestionamiento las políticas mundiales de
propiedad intelectual.
